Los orígenes de los pagos
Según la Agencia Tributaria y la documentación conocida, los pagos del FC Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira se remontarían al menos al año 2001. A partir de entonces, distintas juntas directivas del club mantuvieron esa relación durante casi dos décadas, hasta 2018, cuando cesan los pagos.
2001-2018: años de facturas y asesoría arbitral
En ese periodo se habrían abonado más de 7,5 millones de euros a varias sociedades conectadas con Negreira y su entorno. Las facturas se justificaban en conceptos como informes técnicos sobre árbitros, análisis de partidos y asesoramiento en materia arbitral. Todo ello mientras Negreira ocupaba un cargo de máxima responsabilidad dentro del CTA.
2021-2022: actuación de la Agencia Tributaria y aviso a Fiscalía
En el marco de una inspección fiscal, Hacienda detecta movimientos económicos relevantes y solicita aclaraciones tanto a las empresas como al FC Barcelona. Al no quedar suficientemente acreditados los servicios prestados, la Agencia Tributaria remite la información a la Fiscalía, que inicia diligencias de investigación en 2022.
Febrero de 2023: el caso se hace público
El 15 de febrero de 2023 distintos medios de comunicación publican que la Fiscalía investiga los pagos del Barça a Negreira. A partir de ese momento el caso salta a la opinión pública, se multiplican las informaciones sobre facturas, empresas y posibles delitos, y la causa pasa a un juzgado de instrucción en Barcelona.
2023-2025: declaraciones y decisiones clave
Durante la instrucción se toma declaración a directivos, exdirectivos, técnicos y personas vinculadas al arbitraje. También se encuadran jurídicamente los hechos y se descartan algunos delitos inicialmente planteados, mientras se mantienen otros tipos penales en estudio. La causa se extiende en el tiempo debido a su complejidad y al volumen de documentación a analizar.
Situación actual de la instrucción
En la actualidad el procedimiento sigue abierto en fase de instrucción. El juzgado valora pruebas, informes periciales y testimonios antes de decidir si el caso pasa a juicio oral y contra quién, o si se archivan total o parcialmente las actuaciones. Hasta que se dicte resolución, no puede hablarse de culpabilidad ni condena para ninguno de los investigados.
